La sala constitucional de la Corte Suprema condenó este martes al gobierno de Costa Rica por abstenerse de levantar los bloqueos de carreteras de las últimas semanas, en las que manifestantes protestaron contra una propuesta de negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El tribunal acogió por unanimidad un recurso de habeas corpus contra el Ministerio de la Presidencia y la Fuerza Pública (policía) por no remover a quienes impedían la circulación en por al menos 40 tramos de carreteras en todo el país.

Según la sentencia de la sala constitucional, las manifestaciones convocadas por el autodenominado Movimiento Rescate Nacional buscaron entorpecer la infraestructura vial del país y el acceso a los puertos marítimos.
"No puede considerarse que tal intención constituya una vertiente legítima de la libertad de expresión, pues su finalidad última no es la expresión de una opinión o la transmisión de un mensaje, sino la generación de un daño significativo al orden público". juez Paul Rueda Leal, autor del fallo.

Los bloqueos de carreteras estallaron el miércoles 30 de setiembre en rechazo a una propuesta del gobierno de negociar un acuerdo con el FMI, que fue criticada por el énfasis en el incremento temporal de impuestos en lugar de reducir gastos.

Aunque la propuesta fue retirada el 4 de octubre, el movimiento mantuvo la movilización.

El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, argumentó que no se utilizó la fuerza para levantar los bloqueos para privilegiar el diálogo con los manifestantes. Aún así, las protestas se mantuvieron por más de dos semanas.

El mismo movimiento organizó este lunes una marcha en la capital que terminó en un violento enfrentamiento con la policía frente a Casa Presidencial, que culminó con el uso de gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes.

El mandatario costarricense Carlos Alvarado y el presidente de la Asamblea Legislativa (parlament), Eduardo Cruickshank, convocaron este domingo a un diálogo nacional que comenzará el próximo sábado en busca de un acuerdo para enfrentar la crisis fiscal del país.

El país cerró 2019 con un déficit fiscal de 6% del PIB, que amenaza con alcanzar 9,7% del PIB como consecuencia de las medidas de contención por la pandemia de covid-19.